viernes, 29 de mayo de 2009
miércoles, 27 de mayo de 2009
viernes, 22 de mayo de 2009
| Plan de vivienda arrancó firme en Medellín | ||||||
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miércoles, 20 de mayo de 2009
lunes, 11 de mayo de 2009
Derecho a la vivienda y Derecho a la Ciudad
Derecho a la vivienda adecuada
El derecho a la vivienda es el derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad en alguna parte, para lo cual son indispensables los siguientes elementos:
- La seguridad jurídica de la tenencia y la protección contra los desalojos forzosos.
- La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: todos aquellos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición.
- Gastos soportables, conmensurados con los niveles de ingreso y la existencia de subsidios para quienes no pueden costearse una vivienda.
- La adecuación del espacio para sus habitantes y la protección contra el clima.
- El acceso a los recursos para conseguir una vivienda adecuada para todos y con mayor atención para los grupos en situación de vulnerabilidad.
- La ubicación de la vivienda en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención a la salud, escuelas y otros servicios sociales.
- La adecuación cultural, la manera en que se construye la vivienda, los materiales y las políticas en que se apoyan deben permitir la expresión de la identidad cultural.
La Constitución política de colombia, en el artículo 51 dice: "Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna. El estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo, y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda".
Las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada año para la conmemoración del día mundial del hábitat, la idea de esa fecha es reflexionar sobre el estado de nuestras ciudades y el derecho a una vivienda adecuada para todos. En dicha fecha se quiere recordar al mundo su responsabilidad colectiva con respecto al futuro del habitat humano.
Según Naciones Unidas el derecho a la vivienda adecuada es algo más que el derecho a un techo bajo el cual protegerse, significa disponer de un lugar con privacidad, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, estabilidad y durabilidad estructural, iluminación, calefacción y ventilación dignos. Una infraestrucura básica que incluya abastecimiento de agua, sanemiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad de medio ambiente y de salud y un emplazamiento adecuado y con acceso a servicios básicos, todo con un costo razonable.
Derecho a la ciudad
El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado.
El Derecho a la ciudad es una ampliación del derecho a la vivienda de dos maneras.
- Sentido físico y geográfico, al considerar no solo la vivienda, ni el entorno cercano, sino el conjunto de la ciudad, osea el entorno más lejano de la vivienda.
- Se considera no solo la dimensión física, sino el conjunto de las que son capitales en y hacen parte de la vida humana, dando importancia particular a la dimensión política.
El derecho a la ciudad, es el derecho a la producción física, social, política, simbólica del espacio, es el derecho a la producción del espacio físico donde tienen lugar las prácticas sociales a través del autogobierno y de la autogestión política.
El derecho a la ciudad supone la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente, relaciones económicas y calidad de vida para los presentes y futuras generaciones, implica cambios estructurales profundos en los patrones de producción y consumo y en las formas de apropiación del territorio y de los recursos naturales, busca soluciones contra los efectos negativos de la globalización, la privatización, la escasez de los recursos naturales, el aumento de la pobreza mundial, la fragilidad ambiental y sus consecuencias para la supervivencia de la humanidad y del planeta.
El derecho a la ciudad se rige por tres principios fundamentales:
- Ejercicio pleno de la ciudadanía entendido como la realización de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia, así como el pleno respeto a la producción y gestión social del hábitat.
- Gestión democrática de la ciudad entendida como el control y la participación de la sociedad a través de formas directas y representativas, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, priorizando el fortalecimiento y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares.
- Función social de la propiedad y de la ciudad entendida como la prevalencia, en la formulación e implementación de las políticas urbanas, del interés común sobre el derecho individual de propiedad. Implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano.
El derecho a la ciudad esta dirigido a fortalecer procesos, reivindicaciones y luchas urbanas contra la injusticia y la discriminación social y territorial.
Denuncian desplazamiento y despojo de viviendas en barrio La Avanzada
Tomado de www.ipc.org.co
La guerra que vienen librando en la comuna 1 de Medellín bandas delincuenciales vinculadas a las estructuras de la llamada Oficina de Envigado y del recién capturado Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, está reviviendo una vieja práctica que se creía superada: el despojo de viviendas a víctimas del desplazamiento forzado intraurbano.
El hecho más reciente se presentó en el barrio La Avanzada, ubicado en el extremo nororiental de la ciudad. Según denuncias de habitantes de la zona conocidas por la Agencia de Prensa IPC, en lo que va corrido del mes de abril unas 14 familias han tenido que abandonar sus viviendas por amenazas de un nuevo grupo armado ilegal que desde principios de este año viene disputándose el control de la zona con bandas criminales, algunas de ellas integradas por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaban allí.
De acuerdo con los pobladores, luego de desplazar forzosamente a las familias, los miembros de la estructura armada ilegal dieron orden de no ocupar dichas viviendas. “A una señora la hicieron salir del barrio porque le dijeron que era muy ‘bochinchera’. Se fue con toda la familia y como ella era dueña de la casa, le dijeron que no la fuera alquilar, que la dejara así desocupada”, señaló un habitante de La Avanzada, que pidió reserva de su nombre.
Pero la preocupación de la comunidad no es sólo por el desplazamiento forzado que se está generando y el posterior despojo. La presencia de este nuevo grupo también está propiciando un proceso creciente de vinculación de menores de edad a actividades ilícitas tales como la venta de estupefacientes, el transporte de armas y en labores de vigilancia y control del barrio.
“El barrio estuvo calmado hasta finales del año pasado. Si pasaban cosas, pero por lo menos uno podía salir a caminar el barrio, salir por las noches, pero desde enero la cosa se ha puesto muy horrible. Creo, sin exagerar, que casi todos los niños del barrio, sobre todos los que están entre los 11 y los 15 años, están trabajando para ese nuevo grupo”, comentó el poblador.
Al ser consultado sobre el tema, Jorge Eliécer Ceballos, coordinador de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh) de la Personería de Medellín, manifestó que a su despacho han llegado familias provenientes de este sector de la ciudad a denunciar estas situaciones.
“Nos han informado sobre la utilización de menores por parte de un grupo que está operando en la zona y también algunos casos de desplazamiento”, señaló Ceballos, quien advirtió, además, que el despojo de propiedades siempre ha estado vinculado al flagelo del desplazamiento forzado intraurbano.
El fenómeno revive viejas situaciones registradas entre los años 2001 y 2004, cuando la banda Los Triana, una de las más antiguas y numerosas de la ciudad, llegó a despojar de manera forzada más de 150 viviendas en los barrios Zamora, La Rosa, El Playón de los Comuneros, Villa Niza y Popular 2, situados en la parte baja de la zona nororiental de la ciudad.
Durante la administración del ex alcalde Sergio Fajardo, esta banda delincuencial entregó por intermedio del programa Víctimas del Conflicto Armado, un total de 103 viviendas ubicadas en los barrios Villa Niza y los Populares 1 y 2, sin que mediara algún proceso de desarme.
No obstante, muchos de las inmuebles fueron entregados en pésimas condiciones y con altas deudas correspondientes al no pago de servicios públicos; compromisos que los propietarios debieron asumir.
Gente extraña
Para la comunidad de La Avanzada, sector caracterizado por la alta concentración de población desplazada de diversas regiones del departamento, por los elevados niveles de pobreza y el abandono Estatal, determinar quiénes integran este nuevo grupo ha sido un enigma, pues como asegura una residente del barrio: “Son personas que nunca habíamos visto. Llegan al barrio en unos carros lujosos, vienen armados, y salen y entran constantemente”.
Lo que sí tienen claro, según los pobladores, la situación de orden público comenzó a empeorar desde enero de este año.
Es que su presencia obedece a una lucha por el control de los negocios ilegales que hasta hace poco manejaron desmovilizados de las Auc vinculados a procesos sociales impulsados desde la Corporación Democracia.
Y es que después de las desmovilizaciones de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, La Avanzada se convirtió en “fortín político y social” de Fabio Acevedo, integrante de esta Corporación que agrupa a los desmovilizados de estos bloques.
Con el acompañamiento de Acevedo, varios desmovilizados lograron conquistar los espacios de participación barrial y, desde allí, ejercer un control social en la zona. A la par de ello, también ejercieron dominio sobre actividades ilícitas como los expendios de alucinógenos y los cobros extorsivos a empresas transportadoras, con la anuencia del directivo de la Corporación.
Pero, tras la llegada del nuevo grupo, en enero de este año, el control sobre las actividades ilegales ha cambiado de manos. Varios desmovilizados han salido del barrio y el trabajo comunitario se ha visto fuertemente afectado. Ejemplo de ello es la labor del llamado “fontanero”, persona encargada de supervisar el funcionamiento del acueducto de La Avanzada.
Por sus condiciones geográficas y socioeconómicas, este barrio no cuenta con el servicio de acueducto tradicional; sus habitantes decidieron construir uno comunitario que debe ser regulado por medio de varias tuberías, que deben ser abiertas o cerradas a determinadas horas para que llegue el servicio de agua a todas las casas.
“Ese control lo hace una persona que le decimos el fontanero. Los desmovilizados, que presidían la Junta Acción Comunal, habían puesto un muchacho de ellos y cobraban 500 pesos por casa”, explicó un líder barrial. “Pero cuando comenzó la ‘calentura’ en el barrio, las cosas se pusieron malucas, los desmovilizados de la Junta de Acción Comunal se apartaron y el fontanero lo cambiaron”, agregó el líder.
Ahora deben pagar 1.000 pesos por casa y esa plata se la entregan al jefe del grupo, que tampoco saben quién es ni qué hace con la plata.
Lo que aumenta la angustia de los pobladores de La Avanzada es la desprotección en la que se encuentran, pues dicen que en la zona no hay presencia permanente de la Fuerza Pública, lo que ha convertido este barrio, ubicado en las laderas más encumbradas del nororiente de Medellín, en un territorio de nadie.
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